La prescripción es un instrumento que, al impedir que una persona pueda ser condenada por sucesos acaecidos largo tiempo atrás, garantiza la seguridad jurídica de los ciudadanos. No obstante, en el caso de los políticos, la prescripción supone un gran problema.
Veamos, un político, cuando tiene un cargo ejecutivo, dispone de mecanismos para interferir en la actuación de la justicia. Es más, incluso cuando dicho político ha dejado de ejercer su cargo, dispone de influencias personales e información privilegiada que hacen que pueda seguir interfiriendo con la actuación judicial.
En Mallorca tenemos el caso de Gabriel Cañellas, al que la Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmó la comisión de un delito de cohecho, absolviendo, sin embargo, al mismo por haber prescrito dicho delito.
Ahora nos encontramos con el gobierno de Jaume Matas, que, supuestamente parece que era la cueva de Alí Babá y los cuarenta ladrones (lo de "supuestamente parece" es prudencia porque todavía no hay condenas firmes, aunque sí fuertes indicios). Parece que va a haber condenas para cargos inferiores, pero, los máximos responsables ¿serán condenados, verán sus delitos prescritos o serán inocentes? sólo el futuro lo dirá.
Pero sería una pena que, en caso de haber irregularidades, se produjeran absoluciones por prescripción.
No, en el caso de un político con cargo, el plazo para la prescripción debería iniciarse, por lo menos, en el momento de dejar el cargo y no en el momento de la comisión del delito, e incluso debería alargarse más por las influencias que pudiera haber tejido. No creo que ello estuviera en contra del principio de igualdad ante la Ley.
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