Imperio de la ley

Una de las mayores victorias en la lucha por la dignidad humana es la conquista del imperio de la ley: nadie, ningún ser humano, puede imponer su voluntad a los demás si no es bajo el sometimiento a las leyes: ni emperadores, ni reyes, ni... tienen derecho absoluto, sólo el sometimiento a la ley es el que les puede otorgar alguna autoridad.

Sin embargo dicho imperio de la ley tiene sus debilidades. El poder político es, demasiado a menudo, impune a dicho principio. Amparados en algo que quizás fue necesidad en otros tiempos, los políticos no responden personalmente de sus actuaciones políticas.

En otros tiempos, quizás esta situación estuviera justificada: demasiados poderes competían con el político, así el militar, el de la iglesia, etc. y era necesario que el político pudiera realizar su labor reformadora con una cierta inmunidad. Pero hoy en día, con el resto de poderes debilitados, si bien todavía vigentes, esta situación es un anacronismo. Hoy ponemos en manos del político unos instrumentos que, de usarse mal, pueden producir abusos de poder intolerables.

Así pues, hora es ya de que se instrumente una adecuada responsabilidad personal frente a los actos ilícitos de los políticos. Ser político no puede seguir siendo una patente de corso para cometer ilegalidades. Sólo una adecuada separación de poderes, y un control democrático del poder judicial pueden llevarnos a esta necesaria situación.

Viene a cuenta toda esta disgresión a raíz de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal una actuación del ayuntamiento de Palma que permitió la construcción del Hospital de Son Espases, ¿quién responderá por dicha ilegalidad?

Sin embargo, parece que algunas actuaciones como las del juez Garzón, la fiscalía anticorrupción de Baleares, o actuaciones judiciales contra los desmanes urbanísticos van en esta vía.

Así pues: responsabilidad personal de los políticos ante actuaciones ilegales ya...

... y mientras, sigue vigente la pregunta: ¿Qué pasará con Son Dureta?...