Modélico el reportaje que publica hoy El País: Oiga, que ese dinero es de todos.
Que el ser humano tiene una tendencia innata a abusar de su poder es algo contrastado. Haga una prueba: coja a un pobre hombre que está pidiendo en la calle, póngale una gorra y un uniforme, automáticamente verá la transformación.
Y el abuso más palpable de poder es el uso y el abuso del dinero, desviándolo de lo que deberían ser sus fines. Claro, que eso es algo que saben todas las empresas privadas, y no se andan con contemplaciones: establecen normativas, procedimientos y controles para evitar los abusos. Toda empresa con un mínimo de tamaño y seriedad tiene un departamento de auditoría interna dedicado a verificar el cumplimiento de las normativas y procedimientos, así como a establecer los controles necesarios para que no se produzcan irregularidades. Y aún así, muchas son las veces en que se ven enfrentadas a fraudes y desfalcos.
¿Qué menos puede suceder en las administraciones públicas, donde el poder es mayor, las normativas y procedimientos menores y los controles brillan por su ausencia? lógicamente el desastre que se refleja en el artículo.
Así pues, hora es ya de que los políticos, tal como ya he comentado se sometan al imperio de la ley, hora es ya de que donde no llega el sentido común y la ética, se establezcan normativas y procedimientos, hora es ya de que se limite el poder que detenta cada uno, hora es ya de que se establezca una intervención o auditoría pública, suficientemente dotada, eficaz y con el poder suficiente para poderse imponer.
Sólo con estos requisitos: normativas, procedimientos y sistemas de control podremos frenar el escándalo que suponen los casos citados en el artículo.
Y aún así... seguro que nos encontramos con sorpresas: el hombre es impredecible.
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