Uno de los conceptos que más pavor me provoca es el de
inseguridad jurídica. Eso de no saber a lo que atenerte cuando actúas porque después pueda alguien decretar una ley con efectos retroactivos que te afecte jurídicamente. A mi juicio la seguridad jurídica es uno de los pilares fundamentales del
estado de derecho.
Ahora bien, en el caso de la especulación inmobiliaria, para evitar males mayores, sí que me plantearía introducir ciertas dosis calculadas de inseguridad jurídica. Veamos algunos ejemplos en los que dicha actuación podría producir beneficios generales:
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Un consistorio, a punto de terminar su mandato electoral, aprueba un gran plan urbanizador en determinado sitio de gran interés paisajístico y natural. Casualmente, 15 días antes, una Compañía había comprado (a precio de saldo) los solares ahora urbanizables. El consistorio salido de las nuevas elecciones revoca el plan urbanístico. La Compañía reclama indemnizaciones por daños y perjuicios al haberse tocado unos supuestos derechos de construcción. ¿Es justo el lucro de la Compañía?, ¿no sería más justo que, en aras al bien general, no hubiera lugar a indemnización?
Unos terrenos en primera línea de mar, que nunca han estado construidos, han sido objeto de diversas operaciones inmobiliarias. En la actualidad figuran como urbanizables. El consistorio decide hacer un parque-bulevar en primera línea, en aras al bien general, bastante evidente. ¿Es justo tener que indemnizar al propietario de los solares por sus supuestos derechos. Dicha situación podría darse muy bien en Palma de Mallorca. Lo dicho, ¿no sería más justo que, en aras al bien general, no hubiera lugar a indemnización?
¿Pueden, unos políticos, por muy votados que hayan sido, autorizar la construcción de un muro de viviendas en plena primera línea de mar, que tape toda la vista de una ciudad, tal como ha pasado en Palma en Es Molinar?, ¿es lícita ahí la seguridad jurídica?
En definitiva, ¿no deberían nuestros juristas y legisladores, en aras al bien común el plantearse introducir ciertas dosis de inseguridad jurídica en la legislación urbanística. Inseguridad jurídica controlada y sometida al fuero de la ley, al margen de arbitrariedades, por supuesto.
La especulación inmobiliaria produce: enriquecimientos injustos, subida del precio de la vivienda, destrucción del entorno natural, empobrecimiento de la mayoría de la población, corrupción política, fraudes y delitos, ... ¿no es hora de ponerle coto?
Para terminar, una pregunta muy, muy ingenua: ¿Por qué en España la inmensa mayoría de presidentes de clubes de fútbol son constructores?
...Seguiremos reflexionando.
