Los límites de la propiedad privada

En la avalancha neoliberal que veníamos sufriendo (afortunadamente parece que se está atemperando) existía la tendencia a tomar determinados derechos económicos como derechos absolutos, no sujetos a ningún tipo de límites ni controles. Por ejemplo: el derecho absoluto a la propiedad privada.

Viene esto a cuenta del daño que la propiedad privada puede hacer al interés general.

Veamos un ejemplo. Un rincón idílico de Palma, los molinos de Es Jonquet, ahora convertidos en fantasmas de lo que fueron, abandonados, sin aspas, cayéndose a trozos, con unos horribles y antiestéticos adefesios debajo, discotecas que se benefician de sus fantásticas vistas... un lugar emblemático de Palma convertido en una auténtica vergüenza para todo habitante que quiera esta tierra.

Los propietarios se benefician económicamente de un paisaje, que es patrimonio de todos... y, sin embargo, dejan caer el patrimonio común que constituyen sus molinos.

Lo mismo sucede con los molinos del pla de Sant Jordi, sin aspas, en ruinas, cayéndose...

Y tantos y tantos casos, lugares, patrimonio de todos, que no gozan de la suficiente protección.

No se trata de privar de sus derechos a los propietarios, sino de exigirles la conservación del patrimonio común para preservar el interés general. En caso contrario, bien, existe el procedimiento administrativo de la expropiación... tan utilizado, por otra parte, en otros casos.

Por otra parte, tirón de orejas a los políticos, hoteleros, profesionales y habitantes de Baleares (incluyéndome yo mismo). Hagan la siguiente prueba: vayan a You Tube y busquen un vídeo que pueda servir como referencia a alguien que desee conocer la isla; nada complicado, imágenes bonitas, que sin duda las islas las tienen, una adecuada narración en varios idiomas y quizás alguno sin texto, sólo con músicas adecuadas... busquen, no encontrarán nada adecuado.

¡Que una tierra que vive del turismo no disponga de material promocional en un medio de comunicación tan masivo y utilizado es algo que debería hacer caer la cara de vergüenza a los políticos insulares!... ¿dónde está el dinero que se dedica a la promoción? ¿cómo puedo explicarle rápidamente a un amigo lo bonitas que son nuestras islas (o nuestra isla concreta). ¡Vergüenza, caballeros, vergüenza! ¿Tan difícil es hacer un buen vídeo promocional de nuestras islas?

Imperio de la ley

Una de las mayores victorias en la lucha por la dignidad humana es la conquista del imperio de la ley: nadie, ningún ser humano, puede imponer su voluntad a los demás si no es bajo el sometimiento a las leyes: ni emperadores, ni reyes, ni... tienen derecho absoluto, sólo el sometimiento a la ley es el que les puede otorgar alguna autoridad.

Sin embargo dicho imperio de la ley tiene sus debilidades. El poder político es, demasiado a menudo, impune a dicho principio. Amparados en algo que quizás fue necesidad en otros tiempos, los políticos no responden personalmente de sus actuaciones políticas.

En otros tiempos, quizás esta situación estuviera justificada: demasiados poderes competían con el político, así el militar, el de la iglesia, etc. y era necesario que el político pudiera realizar su labor reformadora con una cierta inmunidad. Pero hoy en día, con el resto de poderes debilitados, si bien todavía vigentes, esta situación es un anacronismo. Hoy ponemos en manos del político unos instrumentos que, de usarse mal, pueden producir abusos de poder intolerables.

Así pues, hora es ya de que se instrumente una adecuada responsabilidad personal frente a los actos ilícitos de los políticos. Ser político no puede seguir siendo una patente de corso para cometer ilegalidades. Sólo una adecuada separación de poderes, y un control democrático del poder judicial pueden llevarnos a esta necesaria situación.

Viene a cuenta toda esta disgresión a raíz de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal una actuación del ayuntamiento de Palma que permitió la construcción del Hospital de Son Espases, ¿quién responderá por dicha ilegalidad?

Sin embargo, parece que algunas actuaciones como las del juez Garzón, la fiscalía anticorrupción de Baleares, o actuaciones judiciales contra los desmanes urbanísticos van en esta vía.

Así pues: responsabilidad personal de los políticos ante actuaciones ilegales ya...

... y mientras, sigue vigente la pregunta: ¿Qué pasará con Son Dureta?...

Democratización y justicia internacional

La democracia, en su forma moderna, se fue implantando gradualmente en el mundo a partir de la revolución inglesa, cuando en 1653 se publica el instrument of government, que establece las primeras limitaciones legales al poder real, y la idea se refuerza con la independencia de los Estados Unidos en 1766 y la revolución francesa de 1789, a partir de ahí, el mundo occidental se embarca en un proceso que, con paradas y marchas hacia atrás, conduce a la democracia actual tal y cual la conocemos, con todas sus limitaciones, pero que constituye, como decía Churchill el menos malo de los sistemas políticos.

Paralelamente, el derecho, plasmado en los distintos ordenamientos jurídicos se ha ido adaptando paulatinamente a efectos de recoger en su seno las concepciones democráticas de la vida.

Ahora bien, hay un campo en el cual ni la democracia ni el derecho han entrado en absoluto: las relaciones internacionales. Ello se refleja hoy, en todo su dramatismo, en el conflicto palestino-israelí, pero los ejemplos podrían ser abrumadores:

• Ningún país elige democráticamente a sus representantes en organismos internacionales (la única excepción es el parlamento europeo, órgano de bastante bajo nivel de decisiones).


• No existe ningún organismo internacional capaz de oponer resistencia a decisiones tomadas por la fuerza.


• El Consejo de Seguridad de la Onu es un cachondeo sin ninguna razón de ser, con miembros permanentes y rotatorios (¿por qué?) y con derecho de veto por parte de los miembros permanentes (el mismo disparate que el medieval derecho de pernada).


• El derecho internacional sencillamente no existe.


• Los tribunales internacionales de justicia son totalmente inoperantes a efectos ordinarios (sólo se ocupan de casos flagrantes y aún con escasa operatividad).


• Sigue funcionando el dicho de Napoleón: "Dios está del lado de los grandes batallones".


• ...

Seguro que tardaremos siglos en conseguirlo, pero es urgente que este mundo se plantee ya la necesidad de una democracia y un derecho internacionales... son fundamentales para la supervivencia del planeta.

De prescripciones y políticos

La prescripción es un instrumento que, al impedir que una persona pueda ser condenada por sucesos acaecidos largo tiempo atrás, garantiza la seguridad jurídica de los ciudadanos. No obstante, en el caso de los políticos, la prescripción supone un gran problema.

Veamos, un político, cuando tiene un cargo ejecutivo, dispone de mecanismos para interferir en la actuación de la justicia. Es más, incluso cuando dicho político ha dejado de ejercer su cargo, dispone de influencias personales e información privilegiada que hacen que pueda seguir interfiriendo con la actuación judicial.

En Mallorca tenemos el caso de Gabriel Cañellas, al que la Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmó la comisión de un delito de cohecho, absolviendo, sin embargo, al mismo por haber prescrito dicho delito.

Ahora nos encontramos con el gobierno de Jaume Matas, que, supuestamente parece que era la cueva de Alí Babá y los cuarenta ladrones (lo de "supuestamente parece" es prudencia porque todavía no hay condenas firmes, aunque sí fuertes indicios). Parece que va a haber condenas para cargos inferiores, pero, los máximos responsables ¿serán condenados, verán sus delitos prescritos o serán inocentes? sólo el futuro lo dirá.

Pero sería una pena que, en caso de haber irregularidades, se produjeran absoluciones por prescripción.

No, en el caso de un político con cargo, el plazo para la prescripción debería iniciarse, por lo menos, en el momento de dejar el cargo y no en el momento de la comisión del delito, e incluso debería alargarse más por las influencias que pudiera haber tejido. No creo que ello estuviera en contra del principio de igualdad ante la Ley.